Saturday, August 12, 2006

EL PRINCIPIO ACUSATORIO EN EL PROCESO PENAL MODERNO: SIGNIFICADO Y ALCANCE

EL PRINCIPIO ACUSATORIO EN EL PROCESO PENAL MODERNO: SIGNIFICADO Y ALCANCE[1]



I. INTRODUCCIÓN



Sin duda, uno de los pilares en los que se hace descansar la actual tendencia de reforma procesal penal en América Latina, y de la cual Honduras no representa ninguna excepción, es la constante apelación a un contenido más acusatorio en su regulación.

Y ello, por admitirse hoy, la estrecha vinculación que existe entre la norma procesal penal y el régimen político instaurado. Dado que, en definitiva, el proceso penal no es más que el reflejo de las condiciones políticas en que el mismo se desarrolla, al servir de espejo en el que se pueden observar fielmente los respectivos preceptos constitucionales de un país[2].

En este sentido, hoy se encuentra fuera de discusión que el sistema procesal penal más acorde con un sistema jurídico democrático de Derecho es el acusatorio, al contemplarse en el mismo la mayoría de los principios que informan este sistema, así como respetar y ofrecer una mejor protección a los distintos derechos y garantías del ciudadano. Debiéndose considerar, en contraste, al sistema procesal inquisitivo como propio de sistemas totalitarios en los que “sobre la base indiscriminada de la protección de los intereses sociales, cuando no de los propios intereses estatales, sobre los personales, sacrifican, llegando el caso, éstos a aquéllos”[3].

Dicho lo anterior, y sin menoscabo de la evidente veracidad de lo sostenido, resulta prudente y debido delimitar conceptualmente lo que debe entenderse como comprendido dentro del principio acusatorio, a fin de delimitar sus justos límites prácticos dentro del proceso penal. Dado que, ciertamente, en la actualidad se realiza un uso irreflexivo del concepto de principio acusatorio que, como evidencia ARMENTA DEU[4] , “a conducido a desdibujar seriamente su contorno, vaciando su contenido en la medida en que este se ha expandido hacia otros principios y derechos con los que, estando sin duda relacionado desde una perspectiva global y garantista del proceso, no son ciertamente equiparables”.

Así, cabe reconocer de entrada, su equivoca equiparación con el Derecho fundamental de defensa y con los principios procesales de contradicción y audiencia; e, inclusive, con otros no propios del Derecho Procesal Penal, como lo es el principio dispositivo, propio del proceso civil.

Realizada la necesaria introducción anterior, procedemos ahora a realizar un análisis de las concretas notas esenciales que hoy atribuye la doctrina mayoritaria al principio acusatorio[5].

Debiendo tenerse siempre presente, la finalidad última del referido principio, que no es otra que garantizar la obligada imparcialidad constitucional, tanto objetiva como subjetiva, del órgano jurisdiccional. Imparcialidad que viene a presuponer, como pilar fundamental, la nítida distinción entre las funciones procesales acusadoras y las decisorias.

II. NOTAS ESENCIALES DEL PRINCIPIO ACUSATORIO


Deben admitirse como notas esenciales del principio acusatorio, las siguientes:

1. No puede existir proceso sin acusación previa formulada por persona distinta a quien realiza la función de juzgar.

Con esta manifestación del principio acusatorio, se concreta el principio general que establece la imposibilidad de iniciar un proceso penal sin la existencia previa de una acusación, considerándose ésta como condición y presupuesto del mismo.

A ello responde, precisamente, la necesidad de que el Estado se desdoble dentro del proceso penal en dos funciones complementarias, pero procesalmente distintas: Como requirente y como decisor. Actuando a través del Ministerio Público, en el caso del primero, y por medio del órgano jurisdiccional, en el supuesto segundo.

Teniendo dicha distinción de funciones procesales la finalidad última de garantizar la debida imparcialidad del juzgador, al prevenir que, tanto la acusación como sus concretos extremos objetivos (hechos) y subjetivos (sujeto pasivo), sean determinados por el mismo órgano que después deberá pronunciarse sobre su enjuiciamiento. Prohibiéndose, de esta forma, que el Juez pueda iniciar y sostener la pretensión penal de oficio, dando efectividad, a su vez, a los principios ne procedat iudex ex officio y nemo iudex sine actore.

Con lo cual, por una parte, se consagra la posición procesal del Ministerio Público en toda su amplitud, tanto en su condición de órgano acusador oficial, como en la de director técnico-jurídico de la etapa preparatoria. Debiendo considerarse el último como presupuesto necesario para la efectividad del primero.

Por otra parte, se limita la función procesal jurisdiccional a sus justos términos constitucionales de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (Art. 314 de la Constitución hondureña). Función que, cabe recordar, no es sólo constitucionalmente exclusiva de Jueces y Magistrados, sino también, excluyente de cualquier otra función procesal.

2. No cabe condena por hechos distintos ni persona distinta a los señalados por la acusación.

Como complemento coherente a la prohibición de que el órgano jurisdiccional pueda plantear de oficio acusación y sostener la acción penal, esta segunda manifestación del principio acusatorio obliga al Juez o Tribunal a respetar los extremos objetivos y subjetivos contemplados y señalados por la parte afirmante.

Con lo que, en definitiva, se impone la obligación y necesidad de una debida correlación entre acusación y sentencia. Dejando la concreta determinación del contenido de la acusación a las partes, a favor de evitar el evidente riesgo que supondría para la imparcialidad del órgano decisor, el que se le permitiera sobrepasar los extremos de la acusación misma. Lo que, de hecho, vendría a suponer el sostenimiento indirecto de la pretensión penal por parte del órgano jurisdiccional.

Lo anterior, viene a evidenciar la existencia de un determinado grado de vinculación en la persona del Juez para con el elemento subjetivo (persona acusada) y objetivo (hecho punible) planteados por la acusación, que se traduce en una prohibición general, dirigida al órgano jurisdiccional, de variar los elementos esenciales del objeto del proceso penal.

Con respecto al elemento subjetivo, el referido principio exige que el Juez o Tribunal únicamente pueda realizar y dirigir el proceso contra la persona o personas que resulten efectivamente imputadas en la acusación.

En este sentido, otorgarle facultad al órgano juzgador de modificar este elemento, conllevaría a convertirle en acusador. Con lo cual, al comprometerse su imparcialidad, se violentaría el principio acusatorio.

Ahora bien, y con respecto al elemento objetivo, lo que el principio prohíbe es facultar al juzgador para incorporar en la sentencia hechos punibles no derivados del escrito de calificación previsto en la acusación.

Lo que, ciertamente, incidiría en el derecho de defensa del imputado ante la posibilidad de ser condenado por un nuevo hecho punible sin habérsele otorgado oportunidad procesal de oponerse al mismo mediante posibles pruebas de descargo.

Así, en este sentido y como bien señala ARMENTA DEU[6], “el Derecho de defensa opera en un sentido complementador del principio acusatorio a fin de garantizar el debido proceso”.

Ahora bien, y como contrapartida, admitida la existencia de una cierta vinculación del juzgador con respecto a la acusación planteada, no pudiendo condenar ni a persona distinta de la acusada ni por hechos distintos a los acusados, esta prohibición debe circunscribirse estrictamente a dichos extremos. No pudiendo alegarse la vulneración del principio acusatorio fuera de los supuestos examinados.

Lo anterior cobra relevante interés práctico para comprender debidamente el alcance procesal del principio acusatorio. Dado que, si bien el objetivo fundamental perseguido por el principio no es otro que garantizar la imparcialidad del Juez delimitando constitucionalmente sus funciones procesales, ésto no debe entenderse como la exigencia de una absoluta inercia o pasividad jurisdiccional dentro del proceso penal.

Sobre todo, si se toma en consideración que la actividad judicial se encuentra regido por los principios de legalidad y búsqueda de la verdad material, lo cual descarta, prima facie, una vinculación de carácter absoluta a las pretensiones de las partes a similitud de lo que ocurre en un proceso civil.

Así, por ejemplo, no podrá avocarse a dicho principio para pretender una vinculación del órgano jurisdiccional decisor a la calificación jurídica o a la específica pena solicitada por las partes.

Como tampoco se exige, para su efectivo cumplimiento, una pasividad total en la participación del Juez en la etapa probatoria del juicio oral, lo que sería rebajarlo a la condición de simple espectador calificado.

En referencia al primer supuesto apuntado, vinculación del órgano jurisdiccional a la concreta calificación jurídica y pena solicitada, es importante recordar que ambas funciones son potestades exclusivas del ámbito jurisdiccional y sujetas a los principios de legalidad e iura novit curia y, por ello, fuera de toda posible disposición de partes; so pena de reconocer, a favor del acusador, un derecho subjetivo penal inexistente en un Estado de Derecho que ha asumido, como superación de una primitiva etapa histórica de venganza privada, el monopolio de la potestad punitiva[7].

Por otra parte, debe igualmente evidenciarse que, tanto la calificación jurídica como la tipificación legal, son aspectos esenciales en la determinación de la pena valorados por el órgano enjuiciador una vez agotado el proceso, por lo que no afecta a la imparcialidad del juzgador y, por ende, tampoco a la efectividad del principio acusatorio.

Cabe evidenciar que, correctamente, así lo ha comprendido, en lo esencial, nuestro legislador. A tal efecto, el Código Procesal Penal hondureño del 2000, establece en su Artículo 337 una obligación de correlación entre acusación y sentencia únicamente con respecto al objeto del proceso, en sus correspondientes aspectos subjetivo y objetivo ya vistos, prohibiéndose al órgano judicial la posibilidad de aplicar una pena por un hecho o a un sujeto distinto al introducido en el proceso por las partes pero, dentro de esos concretos límites, respetando su libertad para determinar la calificación jurídica y la pena que legalmente corresponda.

Si bien, cabe evidenciar de la lectura del mismo Artículo, que aún encuadrándose la facultad decisoria del juzgador dentro de dichos límites, no se trata de una libertad de apreciación absoluta. Ya que a éste, en todo caso, le esta vedado calificar el hecho de forma más grave en perjuicio del imputado, pudiendo, no obstante, calificarlo a su favor hasta el punto de poder estimarlo como constitutivo de falta. Con lo que, en la efectividad práctica, se sujeta la decisión del órgano enjuiciador en cuanto a los máximos de penalidad a imponer.

Al respecto, podrá alegarse una concesión, injustificada desde nuestro punto de vista, favor rei; pero nunca podrá justificarse desde la óptica errónea de una pretendida eficacia del principio acusatorio.

En cuanto a la posibilidad de otorgar iniciativa probatoria al Tribunal de Sentencia en etapa de juicio oral, cabe igualmente negar que dicha facultad sea contraria al principio acusatorio. Siempre y cuando esta actividad se límite objetivamente a la constatación de los hechos que ya han sido incorporados al proceso por las partes y se realice de forma estrictamente complementaria a la propia actividad probatoria de éstas.

De esta forma, no se estaría comprometiendo la debida imparcialidad del órgano jurisdiccional, pues se trataría de una función únicamente de constatación sobre hechos ya planteados por la acusación y, de ninguna forma, determinadora del contenido fáctico de la acusación misma.

En atención a lo expuesto, sería un desatino conceptual sostener de “inquisitiva” o de contraria al principio acusatorio las diligencias jurisdiccionales para mejor proveer previstas por el nuevo Código Procesal Penal en su Artículo 333[8].

Si bien, resulta prudente advertir, que el no constreñir la actividad jurisdiccional probatoria dentro del ámbito anteriormente delimitado, podría dar lugar, de hecho, a corruptelas procesales que incluso incidirían negativamente, más allá de la orientación acusatoria, sobre el propio Derecho fundamental de defensa del imputado, quien podría verse sorprendido por extremos fácticos en su contra no previstos y dados a conocer en la acusación.

3. Prohibición de reformatio in peius

Como última nota definitoria del principio acusatorio, y en íntima conexión con la obligación de correlación entre acusación y sentencia, se manifiesta la prohibición dirigida al órgano jurisdiccional de configurar o alterar el objeto del proceso también en el momento procesal de una segunda o ulterior instancia.

Así, y en atención a la obligación general que el principio acusatorio impone al órgano jurisdiccional de respetar los extremos objetivos y subjetivos de la acusación; en segunda instancia, ello se traduce en la imposibilidad para el órgano decisor de agravar más la situación jurídica de un apelante de lo que ya lo estaba por la sentencia recurrida[9].

Por otra parte, nuevamente de no respetarse en sus justos términos esta manifestación del principio acusatorio, se vulneraría además de la eficacia del principio de contradicción, el propio Derecho de defensa del recurrido, al vedársele la posibilidad procesal de un debate previo que le permita oponerse a la nueva calificación y pena contra él sostenida, de oficio, por el órgano judicial de segunda instancia.


ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO


ALMAGRO NOSETE, JOSE, Derecho Procesal. Tomo II. Proceso Penal, volumen primero, Editorial Trivium, Madrid, España, 1995.

ARMENTA DEU, TERESA, Principio acusatorio: Realidad y utilización (lo que es y lo que no), revista jurídica “Revista de Derecho Procesal”, número 2, 1996, Págs. 226 y SS.

GOLDSHMIDT, JM, Problemas jurídicos y políticos del proceso penal II, Buenos Aires, Argentina, 1961.

MONTERO AROCA, JUAN, con GOMEZ COLOMER, MONTON REDONDO y BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, España, 1999.

MONTERO AROCA, JUAN, El principio acusatorio: Un intento de aclaración conceptual, revista jurídica “Justicia”, 1992, Págs. 780 y SS.

GIMENO SENDRA, VICENTE, con MORENO CATENA y CORTES DOMINGUEZ, Derecho Procesal Penal, Editorial Colex, Madrid, España, 1997.

DE LA OLIVA SANTOS, ANDRES, con ARAGONESES MARTINEZ, HINOJOSA SEGOVIA, MUERZA ESPARZA y TOME GARCIA, Derecho Procesal Penal, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, España, 1999.

PIETRO CASTRO Y FERRANDIZ, LEONARDO, con GUTIERREZ DE CABIADES, EDUARDO, Derecho Procesal Penal, Editorial Tecnos, Madrid, España, 1987.

[1] Publicado, por primera vez, en la revista jurídica del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de Honduras (INECIPH), “Justicia y Poder”, año 1, número 1, Págs. 10-14.

[2] Al respecto, ya venia sosteniendo GOLDSHMIDT que lo que define a una sociedad no es otra cosa que su Derecho, y muy especialmente, su Derecho Procesal Penal, al exteriorizar las tendencias autoritarias o democráticas de una sociedad, revelando la verdadera relación existente entre el ciudadano y el Poder. GOLDSHMIDT, JM, Problemas jurídicos y políticos del proceso penal II, Buenos Aires, Argentina, 1961.

[3] ALMAGRO NOSETE, JOSE, Derecho Procesal. Tomo II Proceso Penal, volumen primero, Editorial Trivium, S.A., Madrid, España, 1995, Pág. 44.

[4] ARMENTA DEU, TERESA, Principio acusatorio (Realidad y utilización (lo que es y lo que no), Revista jurídica “Revista de Derecho Procesal”, número 2, 1996, Pág. 226.

[5] Al respecto puede verse, entre muchos otros, MONTERO AROCA, JUAN, con GOMEZ COLOMER, MONTON REDONDO y BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, España, 1999, págs. 21 y ss; MONTERO AROCA, JUAN, El principio acusatorio: Un intento de aclaración conceptual, revista jurídica “Justicia”, 1992, págs. 780 y ss; ARMENTA DEU, TERESA, Principio acusatorio: Realidad y utilización..., cit., pág. 271; GIMENO SENDRA, VICENTE, con MORENO CATENA y CORTES DOMÍNGUEZ, Derecho Procesal Penal, Editorial Colex, Madrid, España, 1997, págs. 59 y ss; DE LA OLIVA SANTOS, ANDRES, con ARAGONESES MARTINEZ, HINOJOSA SEGOVIA, MUERZA ESPARZA y TOME GARCIA, Derecho Procesal Penal, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, España, 1999, Págs. 41-42.

[6] ARMENTA DEU, TERESA, Principio acusatorio: Realidad y utilización..., cit., Pág. 276.
[7] Como correctamente sostiene PIETRO CASTRO, en el proceso penal la congruencia entre acusación y sentencia “se traduce en una correspondencia de hechos imputados por la acusación y los apreciados por el tribunal, no en la congruencia entre el derecho afirmado y el aplicado por el órgano”. PIETRO CASTRO Y FERRANDIZ, LEONARDO, con GUTIERREZ DE CABIADES, EDUARDO, Derecho Procesal Penal, Editorial Tecnos, S.A., Madrid, España, 1987, Pág. 318.

[8] Al efecto, el referido Artículo 333 establece que “durante el juicio, solamente podrán evacuarse los medios de prueba oportunamente propuestos por las partes. El Tribunal podrá, sin embargo, a petición de parte o de oficio, ordenar que se practiquen otras pruebas si durante el juicio se ha puesto de manifiesto la omisión de un elemento de prueba importante antes no conocido. Dichas pruebas podrán ser ordenadas también por el Juez en la audiencia inicial”.

[9] Límites que han sido respetados por la redacción del Artículo 350 del nuevo Código Procesal Penal hondureño al establecer que “la sentencia que resuelva un recurso sólo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación, y sólo podrá modificar la resolución impugnada en perjuicio de la persona imputada, cuando lo impetre alguna otra parte recurrente, y siempre que no agrave lo ya pretendido por ésta, ante el órgano judicial que dictó la resolución recurrida”.

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